Señor director:

El abuso sexual a los niños es una realidad, aquí, más común de lo que muchos piensan. Según encuestas, al menos una de cada cinco adultas y uno de cada diez adultos recuerda abusos sexuales en su infancia. En ocho de cada diez casos reportados el niño conoce a la persona; muchas veces, una de autoridad en quien el niño confía o la ama. Para quien ha sufrido de abuso sexual o una violación, así como para sus familiares, no es accesible la justicia, ya que aún se sigue produciendo en casi todas las instancias sociales un hecho irracional: la inadmisible protección al violador. Así, las víctimas son forzadas una y otra vez, por todas las instancias sociales (muchas veces la familia o la escuela y, en perversa continuidad, la sociedad, las autoridades y las instituciones), a admitir y asimilar con supuesta naturalidad la fatalidad de esa violencia, y hasta con culpabilidad, sin que, por supuesto, se llegue a castigar al violador. En el DF, cada día se reciben entre 30 y 40 quejas sobre maltrato infantil, de las cuales dos son por abuso sexual y 40% de los agredidos sexualmente en esta capital son menores de edad.

De acuerdo con cifras oficiales, 4% de las denuncias por maltrato se deben a abuso sexual. Datos del sitio electrónico del DIF revelan que, entre 1997 y 2003, se registraron 53 mil violaciones a menores, esto es, unos siete mil 600 casos por año, es decir, 21 diarias contra menores de 18 años. A estas otras se suma el hecho de que el sistema de procuración de justicia en el DF no está preparado para atender el fenómeno. La falta de previsiones específicas y de capacitación adecuada lo vuelve duro y traumático para las víctimas. Esto tiene que cambiar. No se puede volver a victimizar a quienes ya fueron victimizados; por eso proponemos, entre otros cambios urgentes, los siguientes:

· Que cuando la víctima rinda su declaración, cuente con el apoyo de personal especializado en la atención sicológica y emocional de menores y, de igual manera, que las diligencias en materia de exploración médica, siquiátrica o ginecológica sean practicadas también por personal especializado en el tratamiento de menores, ya que en ocasiones esto puede resultar aún más traumático para la víctima al revivir los momentos de abuso y sufrimiento. · Que se utilicen medios alternativos como la videograbación para registrar la declaración principal del menor, así como las diligencias, inspecciones y careos, a efecto de evitar toda repetición innecesaria de la información o duplicidad de las actuaciones, pues esta es otra de las causas más frecuentes de la re-victimización. · Que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada y en un lugar apto para los menores, de tal manera que no tengan contacto con el inculpado, e incluso abrir la posibilidad de que la ampliación de declaración la pueda rendir desde su casa, con el fin de garantizar su estabilidad emocional. · Que las víctimas o los ofendidos pue-

puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, sicológica o emocional. · Que el MP o el juez puedan determinar que los menores no estén obligados a presentarse en el sitio de la inspección. · Que en la confrontación o el reconocimiento del presunto responsable se aseguren de que el inculpado no vea, escuche o pueda identificar al menor y, a la vez, tampoco el niño. Asimismo, que no pueda ser presionado de ninguna forma u obligado a señalar a persona alguna como culpable y procurar siempre la salvaguarda de su estabilidad emocional y sicológica. · Que se faculte a toda persona para que pueda denunciar ante el MP delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, trata de menores o lenocinio y se reforme el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, pues, en la mayoría de estos casos, los abusados sexualmente en su infancia no pueden denunciar el delito, al no tener la capacidad para comprender el hecho.

Hace falta un clamor que abogue por la defensa de la integridad de las víctimas. Y que la ley recoja la defensa de los derechos más elementales de quienes deben ser protegidos por la justicia, cuando han sufrido una vejación en la etapa de su vida en la que toda la sociedad debería estar volcada al propósito de salvaguardar su esperanza y garantizar su tranquilidad y su alegría. Te invitamos a sumarte a esta voz ciudadana.

Quienes suscribimos demandamos que se dictamine ya la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales, el Penal y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, todos para el DF, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF, IV Legislatura.

Atentamente.

Miguel Adame Vázquez, Raquel Pastor Escobar, Mayra Rojas Rosas, Humberto Musacchio López, Rosa Martha Brown, Xavier Martínez Cortina, Maite Reyes-Retana, Erubiel Tirado Cervantes, José Rubinstein W., Martha Delgado Peralta, Margarita Griesbach Guízar, Agustín Basave Benítez, José Manuel Rendón Oberhauser, José Bonilla Sada, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la AMDH, Adina Barrera, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Jaime Antonio García García, Martha Cecilia Reinoso Vázquez, Alicia Fabiola Sánchez Miranda, Lucía Melgar Palacios, PUEG/UNAM, Olimpia Flores Ortiz, Adriana Malvido, Martha Teresita de Barbieri García, Maya López Ramírez, Ma. del Pilar Sánchez Rivera, Mayra Michaus Rivera, Laura Guerrero Horta, Yolanda Guijosa, Magdalena Guerrero Martínez, Mujeres para una Vida Libre de Violencia A.C., Rocío Olvera García, Martha Verónica Robles Félix, Teresa E. Saavedra Vázquez, Leticia Valdés Martel.

(Carta editada por razones de espacio)

Señor director:

El abuso sexual a los niños es una realidad, aquí, más común de lo que muchos piensan. Según encuestas, al menos una de cada cinco adultas y uno de cada diez adultos recuerda abusos sexuales en su infancia. En ocho de cada diez casos reportados el niño conoce a la persona; muchas veces, una de autoridad en quien el niño confía o la ama. Para quien ha sufrido de abuso sexual o una violación, así como para sus familiares, no es accesible la justicia, ya que aún se sigue produciendo en casi todas las instancias sociales un hecho irracional: la inadmisible protección al violador. Así, las víctimas son forzadas una y otra vez, por todas las instancias sociales (muchas veces la familia o la escuela y, en perversa continuidad, la sociedad, las autoridades y las instituciones), a admitir y asimilar con supuesta naturalidad la fatalidad de esa violencia, y hasta con culpabilidad, sin que, por supuesto, se llegue a castigar al violador. En el DF, cada día se reciben entre 30 y 40 quejas sobre maltrato infantil, de las cuales dos son por abuso sexual y 40% de los agredidos sexualmente en esta capital son menores de edad.

De acuerdo con cifras oficiales, 4% de las denuncias por maltrato se deben a abuso sexual. Datos del sitio electrónico del DIF revelan que, entre 1997 y 2003, se registraron 53 mil violaciones a menores, esto es, unos siete mil 600 casos por año, es decir, 21 diarias contra menores de 18 años. A estas otras se suma el hecho de que el sistema de procuración de justicia en el DF no está preparado para atender el fenómeno. La falta de previsiones específicas y de capacitación adecuada lo vuelve duro y traumático para las víctimas. Esto tiene que cambiar. No se puede volver a victimizar a quienes ya fueron victimizados; por eso proponemos, entre otros cambios urgentes, los siguientes:

· Que cuando la víctima rinda su declaración, cuente con el apoyo de personal especializado en la atención sicológica y emocional de menores y, de igual manera, que las diligencias en materia de exploración médica, siquiátrica o ginecológica sean practicadas también por personal especializado en el tratamiento de menores, ya que en ocasiones esto puede resultar aún más traumático para la víctima al revivir los momentos de abuso y sufrimiento. · Que se utilicen medios alternativos como la videograbación para registrar la declaración principal del menor, así como las diligencias, inspecciones y careos, a efecto de evitar toda repetición innecesaria de la información o duplicidad de las actuaciones, pues esta es otra de las causas más frecuentes de la re-victimización. · Que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada y en un lugar apto para los menores, de tal manera que no tengan contacto con el inculpado, e incluso abrir la posibilidad de que la ampliación de declaración la pueda rendir desde su casa, con el fin de garantizar su estabilidad emocional. · Que las víctimas o los ofendidos pue-

puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, sicológica o emocional. · Que el MP o el juez puedan determinar que los menores no estén obligados a presentarse en el sitio de la inspección. · Que en la confrontación o el reconocimiento del presunto responsable se aseguren de que el inculpado no vea, escuche o pueda identificar al menor y, a la vez, tampoco el niño. Asimismo, que no pueda ser presionado de ninguna forma u obligado a señalar a persona alguna como culpable y procurar siempre la salvaguarda de su estabilidad emocional y sicológica. · Que se faculte a toda persona para que pueda denunciar ante el MP delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, trata de menores o lenocinio y se reforme el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, pues, en la mayoría de estos casos, los abusados sexualmente en su infancia no pueden denunciar el delito, al no tener la capacidad para comprender el hecho.

Hace falta un clamor que abogue por la defensa de la integridad de las víctimas. Y que la ley recoja la defensa de los derechos más elementales de quienes deben ser protegidos por la justicia, cuando han sufrido una vejación en la etapa de su vida en la que toda la sociedad debería estar volcada al propósito de salvaguardar su esperanza y garantizar su tranquilidad y su alegría. Te invitamos a sumarte a esta voz ciudadana.

Quienes suscribimos demandamos que se dictamine ya la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales, el Penal y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, todos para el DF, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF, IV Legislatura.

Atentamente.

Miguel Adame Vázquez, Raquel Pastor Escobar, Mayra Rojas Rosas, Humberto Musacchio López, Rosa Martha Brown, Xavier Martínez Cortina, Maite Reyes-Retana, Erubiel Tirado Cervantes, José Rubinstein W., Martha Delgado Peralta, Margarita Griesbach Guízar, Agustín Basave Benítez, José Manuel Rendón Oberhauser, José Bonilla Sada, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la AMDH, Adina Barrera, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Jaime Antonio García García, Martha Cecilia Reinoso Vázquez, Alicia Fabiola Sánchez Miranda, Lucía Melgar Palacios, PUEG/UNAM, Olimpia Flores Ortiz, Adriana Malvido, Martha Teresita de Barbieri García, Maya López Ramírez, Ma. del Pilar Sánchez Rivera, Mayra Michaus Rivera, Laura Guerrero Horta, Yolanda Guijosa, Magdalena Guerrero Martínez, Mujeres para una Vida Libre de Violencia A.C., Rocío Olvera García, Martha Verónica Robles Félix, Teresa E. Saavedra Vázquez, Leticia Valdés Martel.

(Carta editada por razones de espacio)

Señor director:

El abuso sexual a los niños es una realidad, aquí, más común de lo que muchos piensan. Según encuestas, al menos una de cada cinco adultas y uno de cada diez adultos recuerda abusos sexuales en su infancia. En ocho de cada diez casos reportados el niño conoce a la persona; muchas veces, una de autoridad en quien el niño confía o la ama. Para quien ha sufrido de abuso sexual o una violación, así como para sus familiares, no es accesible la justicia, ya que aún se sigue produciendo en casi todas las instancias sociales un hecho irracional: la inadmisible protección al violador. Así, las víctimas son forzadas una y otra vez, por todas las instancias sociales (muchas veces la familia o la escuela y, en perversa continuidad, la sociedad, las autoridades y las instituciones), a admitir y asimilar con supuesta naturalidad la fatalidad de esa violencia, y hasta con culpabilidad, sin que, por supuesto, se llegue a castigar al violador. En el DF, cada día se reciben entre 30 y 40 quejas sobre maltrato infantil, de las cuales dos son por abuso sexual y 40% de los agredidos sexualmente en esta capital son menores de edad.

De acuerdo con cifras oficiales, 4% de las denuncias por maltrato se deben a abuso sexual. Datos del sitio electrónico del DIF revelan que, entre 1997 y 2003, se registraron 53 mil violaciones a menores, esto es, unos siete mil 600 casos por año, es decir, 21 diarias contra menores de 18 años. A estas otras se suma el hecho de que el sistema de procuración de justicia en el DF no está preparado para atender el fenómeno. La falta de previsiones específicas y de capacitación adecuada lo vuelve duro y traumático para las víctimas. Esto tiene que cambiar. No se puede volver a victimizar a quienes ya fueron victimizados; por eso proponemos, entre otros cambios urgentes, los siguientes:

· Que cuando la víctima rinda su declaración, cuente con el apoyo de personal especializado en la atención sicológica y emocional de menores y, de igual manera, que las diligencias en materia de exploración médica, siquiátrica o ginecológica sean practicadas también por personal especializado en el tratamiento de menores, ya que en ocasiones esto puede resultar aún más traumático para la víctima al revivir los momentos de abuso y sufrimiento. · Que se utilicen medios alternativos como la videograbación para registrar la declaración principal del menor, así como las diligencias, inspecciones y careos, a efecto de evitar toda repetición innecesaria de la información o duplicidad de las actuaciones, pues esta es otra de las causas más frecuentes de la re-victimización. · Que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada y en un lugar apto para los menores, de tal manera que no tengan contacto con el inculpado, e incluso abrir la posibilidad de que la ampliación de declaración la pueda rendir desde su casa, con el fin de garantizar su estabilidad emocional. · Que las víctimas o los ofendidos pue-

puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, sicológica o emocional. · Que el MP o el juez puedan determinar que los menores no estén obligados a presentarse en el sitio de la inspección. · Que en la confrontación o el reconocimiento del presunto responsable se aseguren de que el inculpado no vea, escuche o pueda identificar al menor y, a la vez, tampoco el niño. Asimismo, que no pueda ser presionado de ninguna forma u obligado a señalar a persona alguna como culpable y procurar siempre la salvaguarda de su estabilidad emocional y sicológica. · Que se faculte a toda persona para que pueda denunciar ante el MP delitos como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, trata de menores o lenocinio y se reforme el plazo para la prescripción de la pretensión punitiva, pues, en la mayoría de estos casos, los abusados sexualmente en su infancia no pueden denunciar el delito, al no tener la capacidad para comprender el hecho.

Hace falta un clamor que abogue por la defensa de la integridad de las víctimas. Y que la ley recoja la defensa de los derechos más elementales de quienes deben ser protegidos por la justicia, cuando han sufrido una vejación en la etapa de su vida en la que toda la sociedad debería estar volcada al propósito de salvaguardar su esperanza y garantizar su tranquilidad y su alegría. Te invitamos a sumarte a esta voz ciudadana.

Quienes suscribimos demandamos que se dictamine ya la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales, el Penal y la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, todos para el DF, por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del DF, IV Legislatura.

Atentamente.

Miguel Adame Vázquez, Raquel Pastor Escobar, Mayra Rojas Rosas, Humberto Musacchio López, Rosa Martha Brown, Xavier Martínez Cortina, Maite Reyes-Retana, Erubiel Tirado Cervantes, José Rubinstein W., Martha Delgado Peralta, Margarita Griesbach Guízar, Agustín Basave Benítez, José Manuel Rendón Oberhauser, José Bonilla Sada, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la AMDH, Adina Barrera, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Jaime Antonio García García, Martha Cecilia Reinoso Vázquez, Alicia Fabiola Sánchez